Hasta ayer 5 denuncias por parte de usuarios habían sido recibidas en la Junasa, que ya informó al Ministerio del Interior sobre la práctica delictiva. La Jefatura de Montevideo será la encargada de controlar y realizar los procedimientos correspondientes en la zona básicamente del Banco de Previsión Social (BPS), que es donde se está llevando a cabo este tipo de prácticas.

La práctica de ofrecer dinero por afiliarse a una mutualista está prohibida y penalizada por la ley que creó el Fondo Nacional de la Salud y la Junasa tiene pronta una denuncia penal al respecto que realizará en las próximas horas al constatar la irregularidad denunciada. "Tenemos pruebas para presentar y las vamos a elevar ante la Justicia", confirmó el presidente de la Junta, Luis Gallo. Expresó que "las medidas comenzaron a tomarse enseguida que se recibieron las denuncias, a los efectos de poder terminar rápidamente con esta situación".

Comentó también que las denuncias caerán sobre personas que "trafican" con el pasaje de una mutualista a otra y expresó que "ojalá" se pudiera llegar y saber para qué mutualista este tipo de personas vende los servicios". Gallo explicó que hasta ahora cuando se da este tipo de situaciones delictivas no se ha conseguido avanzar en las investigaciones. "Estos especuladores son contratados a cambio de dinero pero es muy difícil de controlar y constatar para poder penar a la institución que está detrás de todo esto".

El dinero que se ofrece a las personas que se acercan al Banco de Previsión Social a informarse sobre el cambio de mutualista va desde 500 pesos hasta 4 mil pesos. También les ofrecen celulares; varía de acuerdo a la cantidad de personas que sean, muchas veces se les preguntan por los integrantes del núcleo familiar para atraerlos.

Gallo exhortó a los ciudadanos a dirigirse a la propia mutualista con la cédula y en la institución, si tienen los tres años y están en el padrón de afiliados que le proporciona el BPS a la mutualista, queda afiliado automáticamente.
El presidente de la Junta Nacional de Salud explicó que la intermediación lucrativa no solo está penada por ley (ver recuadro) sino que la propia Junta está autorizada para sancionar en caso de que pueda constatarla. El contrato de gestión que tienen las instituciones con la Junasa hace referencia en su artículo 19 a la intermediación lucrativa. "No necesariamente tiene que haber una denuncia penal para que la Junta pueda sancionar a la institución. Si la Junta comprueba una irregularidad de este tipo, puede sancionar económicamente con una falta grave", indicó Gallo.
Esa sanción consiste en multar con hasta el 50% de lo que recauda esa institución a través del Banco de Previsión Social mensualmente.

Ante esta situación Luis Gallo exhortó a los ciudadanos que si reciben propuestas de este tipo realicen la denuncia tanto a la propia Junta de Salud en el Ministerio de Salud Pública como a la comisaría más cercana.