La Junta Departamental de Montevideo aprobó un decreto de Convivencia Responsable referido a la tenencia de perros en espacios públicos. El decreto prevé una serie de multas a los dueños de los animales en caso de incumplimientos.
En el texto se establece el uso del collar y correa durante el día de forma obligatoria, pudiendo transitar sin esos elementos únicamente entre las 00:00 y las 6:00 am.
De forma inicial, el período habilitado para sacar a los animales sin correa será entre 1 de octubre y el 30 de abril del próximo año. Luego del 1° de mayo de 2020 y hasta el 20 de septiembre el horario se extenderá de 22:00 a 8:00 horas.
Según indica el decreto, la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca realizará una “lista de características” que definirá perros “potencialmente peligrosos”.
Aquellos perros que califiquen dentro de ese concepto y poseen dichas características deberán utilizar bozal de forma obligatoria.
También se prohibirá la permanencia e ingreso de perros a ciertos lugares, por ejemplo, las playas habilitadas para baño durante la temporada de verano.
El decreto también establece que los dueños de los animales deberán levantar de la vía pública la materia fecal de sus mascotas.
Además, tampoco se permitirá a los propietarios utilizar los espacios públicos como lugar para adiestrar los animales.
Las multas previstas podrán ir desde las 2 hasta las 10 UR ($ 2.500 a $ 12.890)
Las multas serán dependiendo de cada caso:
- Circular con perros sin collar y sin correa (2 UR - $ 2.500)
- No retirar los residuos o el excremento del animal (5 UR - $ 6.400)
- Adiestrar perros en los espacios públicos (3 UR - $ 3.800)
- Ingresar a espacios reservados para juegos infantiles (entre 2 y 4 UR según si el perro tenía collar y correa o no - $ 2.500 y $ 5.000)
- No ponerle correa o bozal a los animales "potencialmente peligrosos (10 UR - $ 12.800) y el paseo de perros "potencialmente peligrosos" con bozal pero sin collar ni correa (8 UR - $ 10.000).
Será la Intendencia de Montevideo la encargada de reglamentar la norma y determinar qué dependencia será la encargada de fiscalizar y aplicar las eventuales multas.
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